En estas semanas volvemos a las discusiones sobre la educación pública o privada, con ocasión de la nueva ley educativa. Ante un panorama de evidente fracaso escolar, los diferentes gobiernos han ido turnando leyes educativas mientras que el fracaso incrementaba a un nivel superior que el número de leyes acumuladas en la materia. ¿Que ocurre con el sistema educativo y con esta nueva legislación educativa?
Esta nueva ley, como las anteriores, vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de las lenguas vehiculares (representativa de los conflictos territoriales entre las diferentes facciones burguesas), así como la educación religiosa, la educación especial y temas como la forma de evaluación.
De nuevo, el gobierno promotor de la ley, nos vuelve a vender que esta pretende ser un progreso frente a la anterior, de la cual se distinguiría por su mayor laicismo, inclusividad y atención al alumnado. Pero no nos podemos engañar. El sistema educativo corresponde a las necesidades del capitalismo español que como en toda sociedad capitalista, plantea la educación como una herramienta tanto formativa como ideológica, de la que surgirán las nuevas generaciones de las clases explotadoras por una parte y de la clase trabajadora por otra.
¿Educación popular igual? ¿Que se entiende por esto? ¿Se cree que en la sociedad actual (que es de la única de que puede tratarse), la educación puede ser igual para todas las clases? ¿O lo que se exige es que también las clases altas sean obligadas por la fuerza a conformarse con la modesta educación que da la escuela pública, la única compatible con la situación económica, no sólo del obrero asalariado, sino también del campesino? […] Eso de educación popular a cargo del Estado es absolutamente inadmisible. ¡Una cosa es determinar, por medio de una ley general, los recursos de las escuelas públicas, las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de enseñanza, etc., y, como se hace en los Estados Unidos, velar por el cumplimiento de estas prescripciones legales mediante inspectores del Estado, y otra cosa completamente distinta es nombrar al Estado educador del pueblo! Lo que hay que hacer es más bien substraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la Iglesia.
Karl Marx. «Crítica al programa De Gotha», 1875
Es desde esta perspectiva que debemos analizar la educación en la sociedad de clases y desde la que debemos entender esta nueva ley. Desde ciertos sectores de la izquierda estudiantil se celebran un supuesto ataque a la educación concertada como un avance y una defensa de los intereses de los estudiantes de clase trabajadora. Los que no lo celebran es porque lamentan que no hayan sido mayores. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La educación, pública o privada, no es una herramienta neutral en ninguno de los casos, sino un conjunto de instituciones al servicio de los intereses de las clases dominantes. Esto no debería ser nada nuevo para aquellos que se dicen defensores de los intereses de los trabajadores.
Es por ello que nos parece una falsa dualidad cuando nos hablan de la educación privada y concertada por una parte y la pública por otra como si fueran dos campos opuestos. Ambas cumplen funciones educativas que obedecen a la sociedad de clases, si bien la privada reúne principalmente a los hijos de la burguesía y la pequeña burguesía y la pública es la educación a la que recurren principalmente los hijos de la clase trabajadora.
¿Pero cual es la polémica sobre la Ley Celaa para que la derecha junto a la educación privada se hayan movilizado en protestas por todo el país?
Desde el mundo de la escuela privada y concertada se argumenta que el Gobierno actúa contra ellos, siguiendo una supuesta conspiración que busca debilitar y eliminar la educación privada. Las críticas también vienen de las escuelas especializadas, ya que se abre las puertas para que las CCAA vayan recortando en personal y recursos a este tipo de escuelas bajo el manto de una supuesta educación inclusiva.
Por otro lado encontramos también la discusión acerca de los intereses lingüísticos ligados a diferentes partes de la burguesía. La ley Celaa permitiría cambios más profundos en cuanto a las lenguas vehiculares, algo que es de hecho otro de los pilares fundamentales de la educación burguesa ya desde los liceos (públicos) napoleónicos (la disciplina y la construcción nacional, vía cultura nacional y lengua nacional) y que es de hecho uno de los principales motores del origen y desarrollo de la educación a cargo del Estado.
Sin embargo ninguno de estos puntos tiene en cuenta los intereses de los hijos de la clase trabajadora salvo cuando se trata de atacarlos abiertamente. Los estudiantes de clase trabajadora no encontramos ninguna lengua preferida salvo aquella que pueda garantizar a todos y cada uno de los niños una educación de calidad en función de sus necesidades personales. Tampoco tenemos un educador preferido, sea el Estado, la Iglesia o cualquier otra institución al servicio de los intereses del capital.
Nuestros intereses son universales y no son exclusivos de ningún origen, lengua o sexo. Son producto de las necesidades humanas, necesidades que se elevan y superan cualquier tipo de religión (desde las creencias medievales al culto a la mercancía), nación e idioma y que son la única forma de afirmar la posiblidad de disolver todo tipo de identidades en una nueva comunidad humana universal: el comunismo.
Porque más allá de las disputas entre una parte u otra, el acuerdo de ambas reside en tener claro en papel subordinado de una clase trabajadora explotada y de una juventud trabajadora que forman para engrosar las filas de la esclavitud asalariada. Desde las clases explotadoras se habla de la libertad cuando lo que ellos entienden de la libertad es la de mantener la posición dominante en la sociedad de clases. Se nos habla también de la educación abierta e inclusiva, mientras al mismo tiempo se legitima el trabajo no pagado de los becarios, como el acuerdo entre el Gobierno y diversas universidades nos demuestra.
Por todo esto entendemos que la posición marxista en cuanto a la educación es conocer bien de qué contexto partimos, que hay detrás de la educación y como hemos llegado al actual sistema educativo. De esta forma se comprende mejor que nuestra actitud sea la de la defensa de un modelo alternativo, suscribiendo lo que ya decía Marx hace más de un siglo: no se puede aspirar a dejar una cuestión tan importante como la educativa en manos del capitalismo de Estado, ya sea mediante su brazo público o mediante sus socios privados. Porque aunque defendamos la necesaria gratuidad del acceso a la educación o una mayor calidad del sistema, no nos vale con abrazarnos a la Educación Pública sin cuestionar al Estado que hay detrás de ella. Las organizaciones estudiantiles, con su estatismo descontextualizado no hacen otra cosa que llamarnos bajo el ala del capitalismo de Estado.